
Luego de casi tres meses de haber salido de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, los problemas continúan para el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara.
Y es que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó este martes con tres votos a favor y una abstención el dictamen que permite el desafuero de dicho funcionario, con el que se abre camino para que pueda ser juzgado penalmente por acusaciones de ejercicio ilícito del servicio público.
El proceso se sustenta en acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual señala que Carmona Gándara asumió el cargo en 2018 sin cumplir con los requisitos legales y constitucionales obligatorios, incluyendo la inactividad en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como la falta de evaluaciones de control y confianza necesarias.
Asimismo, se le acusa de haber nombrado a fiscales especializados sin que estos aprobaran exámenes de control de confianza.

El avance del proceso en contra del fiscal se logró con el apoyo de los diputados Humberto Pérez Bernabé y Leonel Godoy, de Morena, así como de Rubén Moreira del PRI; mientras que Elías Lixa, miembro del PAN, se abstuvo en la votación.
“(Existen) elementos suficientes para aprobar el dictamen contra el funcionario y retirarle el fuero”, dijo Pérez Bernabé.
Para retirar el fuero es necesario una mayoría calificada, la cual aparentemente Morena y sus aliados poseen.
La resolución será llevada al Pleno de la Cámara de Diputados este miércoles 13 de diciembre para tomar una decisión final sobre su inmunidad, donde tanto la defensa como la acusación podrán presentar sus argumentos.
Cabe recordar que la detención original del fiscal de Morelos desencadenó controversia, relacionada con investigaciones contradictorias sobre el fallecimiento de la joven Ariadna Fernanda en Tepoztlán, y el posterior encubrimiento del presunto feminicida. El caso ha generado un conflicto institucional entre la Fiscalía de Morelos y la de Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy.
El caso de Ariadna Fernanda

Uriel Carmona es acusado por la Fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, por retardo de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven de 27 años que fue hallada sin vida en noviembre de 2022 en la carretera conocida como La Pera-Cuautla; un día después de que fuera vista en un restaurante de la alcaldía Cuauhtémoc.
En conferencia de prensa, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de CDMX explicó que Carmona presuntamente “entorpeció” la procuración de justicia en dicho caso, al emitir una serie de manifestaciones públicas “en forma falsa y maliciosa”, que no corresponden a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución morelense.
Además, dijo que con sus declaraciones durante la investigación se cometió discriminación de género y revictimización de la familia al informar que la muerte de Ariadna Fernanda había sido por una “grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración”, asegurando que no había elementos externos para determinar las causas del deceso.
Horas antes de su detención en su domicilio de Cuernavaca el pasado 4 de agosto, Carmona afirmó ser “víctima de la dictadura que estamos viviendo”, en alusión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días se lanzó en su contra y negó la imposibilidad de detener al fiscal con juicio político por poseer fuero constitucional.
Cerca de las 15:00 horas, una vez que fueron revisados todos los documentos, un policía ingresó al inmueble Carmona Gándara, con quien platicó para que no fuera violentado su domicilio mientras se cumplía la orden de cateo.
“Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades defensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijas chiquitas de 8 y 11 años. El comandante pues es compañero mío… ¿entonces hace ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio?”, preguntó.
Luego de llevar a cabo su aprehensión, el fiscal de Morelos fue trasladado en helicóptero al Reclusorio Sur, de la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía capitalina y de la Secretaría de Marina.
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